Este búnker de la Guerra Fría funcionaba como empresa de alojamiento web para sitios de pedofilia en dark web. El propietario es acusado de 250 mil delitos

En medio de un rebrote de coronavirus, una amplia cobertura mediática y múltiples rumores ha comenzado el juicio por cibercrimen más importante en la historia de Alemania, en el que se busca procesar a ocho individuos de diferentes nacionalidades, acusados de decenas de delitos informáticos.

Al parecer los acusados, que incluyen a cuatro holandeses, tres alemanes y un búlgaro, trabajaban en Cyberbunker, una base militar habilitada como centro de datos en Traben-Trarbach, una localidad al noreste de la ciudad de Trier, Alemania. Las autoridades sostienen que los acusados participaron en cerca de 250 mil transacciones ilegales en dark web, incluyendo tráfico de drogas, asesinato a sueldo, lavado de dinero y posesión de pornografía infantil.   

Hace un año las autoridades lograron allanar este búnker para clausurar sus operaciones, además de arrestar a algunos de sus integrantes, incluyendo al presunto líder de la operación, identificado sólo por su nombre de pila Johan. Sobre el búnker, las autoridades reportan que la instalación fue construida durante la Guerra Fría con el fin de albergar un centro de mando de la OTAN. Después del final de la Guerra Fría, el búnker fue abandonad hasta que las autoridades locales lo vendieron a Johan en 2013.

Antes de adquirir el búnker, Johan prometió la creación de un centenar de empleos para la comunidad local, además de comprometerse a la creación de un centro de formación en TI. No obstante ninguna de estas promesas fue concretada, incluso comenzaron a aparecer rumores sobre prácticas ilegales relacionadas con Johan y el búnker. Finalmente las autoridades montaron un operativo para allanar e búnker, lo que reveló las cuestionables prácticas que se llevaban a cabo en las instalaciones.

Actividad cibercriminal

Johan y los siete acusados restantes son señalados como responsables de operar un servicio conocido como “hosting a prueba de balas”, lo que permitía a sus clientes realizar toda clase de actividades criminales en dark web. Si bien el hosting a prueba de balas no es necesariamente ilegal, es un hecho que operadores de sitios ilegales recurren a estos servicios.

Aunque al inicio Cyberbunker alojaba sitios web no considerados ilegales, las ideas de Johan fueron cambiando con el tiempo, llegando a alojar incluso sitios de pornografía infantil.

Las autoridades alemanas confiscaron todo lo que encontraron en el búnker, incluyendo un centenar de servidores físicos y virtuales que actualmente siguen siendo analizados. Aunque los operadores de estas instalaciones han argumentado que desconocían totalmente qué clase de actividades llevaban a cabo sus clientes, el especialista en ciberseguridad Steven Murdoch sostiene que es imposible que los prestadores de servicios de hosting a prueba de balas ignoren esta información: “Seguro pronto se encontrará la evidencia necesaria para vincular el búnker con múltiples plataformas ilegales en línea”, considera.

El caso está lejos de ser cerrado, pues el experto menciona que aún no se ha tocado un tema fundamental: “Incluso si la fiscalía concluye que Johan y su equipo estaban al tanto de las actividades maliciosas de sus clientes, la justicia aún debe determinar el derecho u obligación que tiene un proveedor para actuar en tales casos”. Un factor determinante al llegar a este punto será la legislación alemana en materia de seguridad de la información, considerada como una de las más estrictas del mundo, lo que ha retrasado la aplicación general de los medios de pago electrónicos y otras prácticas usuales en otras grandes urbes.

Patrice-Christian-Roger Langer, alcalde de Traben-Trarbach, cree que este caso criminal es una oportunidad ideal para tomar algunas consideraciones sobre la legislación alemana sobre recolección de datos y privacidad: “Como autoridad local debo permitir a la policía revisar mi historial de búsquedas en Internet y mis antecedentes personales cada año; ¿en verdad creen posible que este hombre puede ejecutar una operación que facilite el despliegue de actividades ilegales alegando que las leyes le prohíben solicitar información a sus clientes?”. El juicio durará más de un año, pues los fiscales deberán presentar cada uno de los cargos imputados a los ocho acusados.

Si bien se cuenta con amplia evidencia de las prácticas que se facilitaban desde el búnker, Murdoch cree que esto no asegura un veredicto favorable para la justicia alemana. Aún así, el experto cree que no todo está dicho y hecho: “Las autoridades suelen reservarse evidencia clave hasta iniciado el juicio, aunque es difícil saber exactamente qué sucedía en el búnker”, concluye Murdoch.

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